Toda democracia necesita persuasión. Los candidatos intentan convencer, los gobiernos defienden sus decisiones, la oposición cuestiona, los medios seleccionan temas y la ciudadanía intercambia argumentos. Pretender una vida pública sin influencias no solo sería imposible: también sería incompatible con la libertad de expresión.
El problema comienza cuando la influencia deja de ser reconocible.
Una cosa es escuchar un discurso político sabiendo quién habla, qué propone y desde qué posición lo hace. Otra muy distinta es recibir mensajes personalizados mediante datos obtenidos sin suficiente transparencia, interactuar con cuentas que simulan ser ciudadanos reales o percibir como espontánea una conversación impulsada artificialmente por una estructura coordinada.
En esos casos, la persona continúa tomando una decisión, pero lo hace dentro de un entorno deliberadamente alterado y sin conocer quién intenta conducir su atención.
Esto plantea una pregunta incómoda para nuestro tiempo: ¿existe un derecho a no ser manipulado?
Un derecho todavía sin nombre propio
En la mayoría de los ordenamientos jurídicos no existe un derecho autónomo denominado expresamente «derecho a no ser manipulado». Sin embargo, su contenido puede reconstruirse a partir de derechos ya reconocidos: la libertad de pensamiento y de opinión, la privacidad, la protección de los datos personales, la autonomía, el acceso a la información y la participación política.
La libertad de expresión protege nuestra posibilidad de comunicar ideas. Pero la democracia también necesita proteger el proceso anterior: la capacidad de formar una opinión sin coacciones, engaños encubiertos o interferencias capaces de explotar de manera deliberada nuestras vulnerabilidades.
La libertad de opinión reconocida por el derecho internacional posee una relevancia particular. No se limita a permitir que una persona diga lo que piensa. También procura preservar un espacio interior en el cual pueda construir sus convicciones sin coerción ilegítima.
En Argentina, la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y la legislación sobre protección de datos ofrecen puntos de apoyo para esta discusión. La Ley 25.326 reconoce derechos sobre la información personal, aunque fue sancionada antes de que la microsegmentación política, la inteligencia artificial generativa y los sistemas algorítmicos de recomendación adquirieran su dimensión actual.
Hablar de un derecho a no ser manipulado no debería significar que el Estado decida qué mensajes son verdaderos, aceptables o convenientes. Debería significar, en cambio, que ninguna persona sea sometida de manera encubierta a técnicas que reduzcan sustancialmente su capacidad para comprender quién intenta influirla, con qué información y mediante qué mecanismos.
Persuadir no es manipular
La persuasión política legítima presenta, al menos, tres características: permite reconocer al emisor, deja espacio para responder y no oculta deliberadamente el mecanismo de influencia.
Un candidato puede pronunciar un discurso emotivo. Un partido puede seleccionar los datos que favorecen su programa. Una organización social puede convocar a una campaña. Un medio puede adoptar una línea editorial. Todas estas prácticas buscan influir y forman parte de la competencia democrática, siempre que respeten los límites legales.
La interferencia encubierta aparece cuando se combinan algunos elementos diferentes:
- Ocultamiento de la identidad o del financiamiento de la operación.
- Simulación de apoyo ciudadano mediante cuentas falsas o automatizadas.
- Utilización opaca de datos personales para identificar vulnerabilidades.
- Coordinación destinada a fabricar una apariencia de mayoría.
- Acoso sistemático para expulsar voces de la conversación.
- Mensajes contradictorios dirigidos a segmentos que no pueden compararlos.
- Uso de inteligencia artificial para suplantar identidades o falsificar evidencias.
- Intervención extranjera clandestina en procesos políticos nacionales.
La diferencia no depende únicamente del contenido. Dos mensajes idénticos pueden requerir respuestas distintas: uno puede haber sido publicado por un ciudadano auténtico y otro distribuido por miles de cuentas controladas desde una misma estructura.
Una regulación democrática debería observar primero la conducta, la coordinación, el financiamiento, la automatización y el uso de datos, no la ideología de quien habla.
¿Cuándo la amplificación coordinada afecta derechos?
No toda acción coordinada es ilegítima. Los movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos y organizaciones de derechos humanos coordinan campañas para obtener visibilidad. Esa capacidad de organización también está protegida por la libertad de expresión y asociación.
La coordinación se vuelve problemática cuando es encubierta, engañosa y capaz de producir un daño verificable.
Puede afectar la libertad de expresión cuando una red organizada hostiga de manera sistemática a periodistas, académicos o ciudadanos hasta conseguir que abandonen la conversación pública. Puede comprometer la privacidad cuando utiliza información personal sin consentimiento válido para diseñar mensajes individualizados. Puede afectar la igualdad política cuando actores con recursos tecnológicos extraordinarios simulan una base social inexistente. Y puede perjudicar el derecho a participar en los asuntos públicos cuando impide que las personas reconozcan quién está detrás de una campaña.
El Consejo de Europa ha advertido que los sistemas algorítmicos pueden afectar derechos humanos, procesos democráticos y Estado de derecho, y ha recomendado marcos de prevención, evaluación de riesgos y supervisión efectiva tanto para actores públicos como privados.
El daño, sin embargo, no debe presumirse. Tiene que analizarse en cada caso: alcance de la operación, grado de automatización, uso de datos, población afectada, propósito, duración y consecuencias. Detectar cuentas coordinadas no demuestra automáticamente que hayan cambiado votos o pensamientos. Sí puede demostrar que alguien intentó alterar artificialmente las condiciones de circulación de la información.
Regular sin retirar contenidos
Frente a estos riesgos suele aparecer una respuesta inmediata: eliminar publicaciones. Pero retirar contenidos no siempre es necesario ni es el remedio más adecuado. Existen medidas menos restrictivas y potencialmente más eficaces:
- Identificar claramente la publicidad política y a quien la financia.
- Crear registros públicos de anuncios, montos, audiencias y criterios de segmentación.
- Exigir que las cuentas automatizadas se presenten como tales.
- Informar por qué un contenido fue recomendado y permitir una cronología no personalizada.
- Establecer límites razonables a la automatización masiva.
- Habilitar el acceso de investigadores independientes a datos de interés público.
- Realizar auditorías sobre riesgos algorítmicos y preservar evidencias.
- Ofrecer mecanismos rápidos de reclamo, explicación y apelación.
Estas respuestas actúan sobre la infraestructura de la manipulación sin convertir al Estado en árbitro general de la verdad.
La experiencia europea ofrece un punto de referencia. El Reglamento de Servicios Digitales exige mayores niveles de transparencia, evaluación de riesgos y rendición de cuentas para las plataformas, además de obligaciones relacionadas con sus sistemas de recomendación. Su enfoque demuestra que es posible intervenir sobre los mecanismos de distribución sin prohibir de manera general las opiniones políticas.
El riesgo de crear un Ministerio de la Verdad
Toda regulación destinada a proteger la conversación democrática puede transformarse en una herramienta de persecución si queda bajo el control discrecional del gobierno de turno.
La pregunta no es solamente cómo controlar operaciones encubiertas. También debemos preguntarnos quién controla al controlador.
Una legislación compatible con los derechos humanos debería incluir garantías estrictas:
- Definiciones precisas y basadas en conductas verificables.
- Prohibición de sancionar opiniones por su orientación política.
- Autoridad de aplicación independiente del Poder Ejecutivo.
- Decisiones fundadas, públicas y sujetas a revisión judicial.
- Derecho de defensa y mecanismos de apelación.
- Protección reforzada para periodistas, investigadores y denunciantes.
- Auditorías externas, control parlamentario plural y reglas idénticas para todos.
- Revisión periódica para evitar poderes excepcionales permanentes.
El Estado tampoco debería exigir la eliminación de contenido simplemente porque lo considera falso, ofensivo o perjudicial para su reputación. Su intervención debe limitarse a supuestos definidos por ley y evaluados con criterios de necesidad y proporcionalidad.
Regular la manipulación no puede convertirse en una excusa para disciplinar la crítica.
Proteger la libertad para formar una opinión
Un derecho a no ser manipulado no podría garantizar que nuestras decisiones sean puramente racionales. Todos estamos atravesados por emociones, identidades, experiencias, afectos e influencias sociales. Tampoco debería impedir la propaganda, la comunicación política o la defensa apasionada de una causa.
Su función sería más modesta y, al mismo tiempo, más importante: asegurar condiciones mínimas para que podamos reconocer los intentos organizados de influir sobre nosotros.
No se trata de proteger a la ciudadanía de todas las ideas persuasivas. Se trata de proteger su capacidad para saber cuándo una conversación es auténtica, cuándo una publicidad fue pagada, cuándo una cuenta está automatizada, cuándo sus datos fueron utilizados y quién se beneficia con la campaña que aparece frente a sus ojos.
La democracia no exige ciudadanos aislados de toda influencia. Exige ciudadanos capaces de identificarla, discutirla y resistirla.
En la era de la guerra cognitiva, defender la libertad de expresión ya no consiste solamente en evitar que alguien sea silenciado. También implica impedir que la voz de la sociedad sea falsificada mediante multitudes artificiales, identidades simuladas y sistemas opacos de amplificación.
Quizás el derecho a no ser manipulado todavía no tenga un reconocimiento autónomo. Pero la pregunta ya forma parte de nuestro presente democrático: ¿podemos considerarnos plenamente libres si desconocemos quién organiza aquello que vemos, cómo consiguió alcanzarnos y qué información utilizó para hacerlo?
Cinco preguntas para continuar el debate
- ¿Existe un derecho a no ser manipulado?
- ¿Qué diferencia la persuasión política legítima de la interferencia encubierta?
- ¿Cuándo la amplificación coordinada afecta derechos?
- ¿Qué remedios permiten proteger a las personas sin retirar contenidos?
- ¿Cómo impedir que el gobierno utilice la regulación contra sus críticos?